Basta de tortura en Chile

 

Bienvenido al Sitio Oficial de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas

La Casa Memoria José Domingo Cañas se emplaza en un sitio en donde existió una de las tantas casas que se ocuparon cómo cuarteles de tortura y exterminio durante la dictadura militar Chilena de 1973 a 1990. Actualmente, la Fundación 1367 a cargo de este Sitio de Conciencia, centra su misión en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, por lo que ha formado una Comisión de Observadores que tiene como labor el monitoreo y control social sobre el actuar de la fuerza policial, en el sentido de visibilizar el ejercicio de las garantías de no repetición de parte del Estado Chileno y el deber que tienen los Estados de implementar medidas que posibiliten la efectiva vigencia de los Derechos Humanos. http://josedomingocanas.org/

DECLARACIÓN PÚBLICA 26 DE JUNIO 2016, DIA INTERNACIONAL DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA

En el año 1997 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el  Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con miras a su total erradicación y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En palabras de la ONU, con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas, desde sus comienzos, la han condenado por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes.  Es considerada un crimen en el derecho internacional, encontrándose absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales lo que implica que no puede justificarse en ninguna circunstancia.

Con el objeto de hacer efectiva aquella prohibición absoluta, se han proclamado diversas Convenciones y Protocolos Internacionales. El Estado de Chile, consciente de la necesidad de profundizar en el respeto a los derechos humanos y  asegurar la prohibición de la práctica ignominiosa de la tortura, ha suscrito todos y cada uno de ellos. Es en esta voluntad que comprometió, en el año 2008, ante la comunidad internacional, a  PREVENIR, PROHIBIR, INVESTIGAR (AUN ANTE LA MERA SOSPECHA), PERSEGUIR, JUZGAR, SANCIONAR Y REPARAR TODO ACTO DE TORTURA. Para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Estado de Chile debía adecuar su legislación e implementar un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en un plazo no mayor a un año (2009) así como tipificar el delito de tortura y aplicar las penas apropiadas en cada caso, teniendo en cuenta el carácter grave de estos crímenes.

No obstante los compromisos asumidos, nos horroriza constatar que cada vez son más frecuentes las denuncias de hechos de tortura en Chile, la cual se ha convertido en una práctica sistemática en nuestras cárceles y comisarías, en hospitales psiquiátricos, en territorios mapuche, en barrios periféricos y en contextos de movilización social, fundamentalmente contra personas privadas de libertad, estudiantes y trabajadores movilizados, comunidades de nuestros pueblos originarios y pobladores. Existiendo prácticas especialmente vejatorias hacia  mujeres, y casos especialmente violentos cuando las mujeres son lesbianas.

Por otra parte, recién en el mes de septiembre de 2014, 26 años después de la entrada en vigencia en nuestro país de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (ONU), se presentó un proyecto de ley para tipificar el delito de tortura, el cual se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso Nacional. Si bien consideramos que el texto del proyecto de ley recoge algunos elementos importantes, como por ejemplo la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad del delito, la exclusión de la competencia de la justicia militar, y la inclusión de los sufrimientos sexuales como forma de tortura, consideramos que tiene graves deficiencias que se traducen en una excesiva restringibilidad del concepto de tortura, por sobre el mandato mínimo contenido en instrumentos internacionales, y en no incluir como agravante los casos en que se cometa en contra de personas privadas de libertad por causa de discapacidad e  inimputables; deficiencias que deben ser subsanadas en el curso de su tramitación, puesto que, de lo contrario, se corre el riesgo de tener una ley que no podrá ser aplicable en los cientos de casos que ocurren a diario, quedando rotulados bajo el eufemismo de apremios ilegítimos y con penas que no resultan apropiadas.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil abajo firmantes, hacen un llamado a las autoridades de Gobierno para que cumplan con el mandato de prevenir la tortura, mediante la designación de un Mecanismo Nacional de Prevención que sea acorde con los estándares internacionales de Derechos Humanos; así como a las autoridades del Poder Legislativo, específicamente a la Comisión de Constitución del Senado, para que revisen la redacción del proyecto de ley de tipificación del delito de tortura, hagan las indicaciones necesarias para que el texto cumpla al menos con los estándares Internacionales que el Estado ha suscrito, y se comprometa, de una vez por todas, con la erradicación de este flagelo que afecta la dignidad del ser humano y que aún está presente en nuestra sociedad, horrorizándonos con su crueldad.

 

COMISIÓN DE OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS CASA MEMORIA JOSÉ DOMINGO CAÑAS

LEASUR: LITIGACIÓN ESTRUCTURAL EN DERECHOS HUMANOS

CIMUNIDIS: CIRCULO EMANCIPADOR DE MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DE CHILE

FUNDACIÓN DOWN 21 CHILE

COORDINADORA AUTÓNOMA CONTRA LA VIOLENCIA

COMITÉ DE SERVICIO CHILENO-COSECH

COLECTIVO CON-SPIRANDO

CORPORACION HUMANAS

AGRUPACIÓN LÉSBICA ROMPIENDO EL SILENCIO

MOVIMIENTO ACCION MIGRANTE

CORPORACIÓN OPCIÓN

FUNDACIÓN IGUALES

COLECTIVO SIN FRONTERAS

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

CORPORACIÓN MEMORIA LONQUÉN

COMITÉ CHILENO DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA

OBSERVADORES POR EL CIERRE DE LA ESCUELA DE LAS AMÉRICA

CORPORACIÓN CULTURAL LA SERENA DIECISÉIS DE OCTUBRE

AGRUPACIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA Y DERECHOS HUMANOS “PROVIDENCIA” DE ANTOFAGASTA

AGRUPACIÓN DE USUARIOS PRAIS CONCHALÍ

AGRUPACIÓN DE USUARIOS PRAIS RECOLETA

Declaración Pública ante los últimos hechos de tortura y disparos de perdigones a estudiantes movilizados

Nuestra Casa Memoria José Domingo Cañas 1367, ex-centro de tortura y exterminio, es testimonio y prueba física de los crímenes de lesa humanidad que es capaz de realizar nuestro propio Estado. Estado que debiera resolver las demandas sociales, sean estas por una educación pública, o por un medio ambiente libre de contaminación, o por la devolución de territorios ancestrales, entre otras. Sin embargo, la respuesta del Estado hoy día es la soberbia y la represión.

 Las convenciones internacionales que se refieren a la tortura se encuentran ratificadas y vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que el Estado de Chile se ha comprometido a prohibirla en términos absolutos sin que ella tenga justificación bajo ningún pretexto o circunstancia. No obstante, en las últimas semanas, hemos sido testigos directos y/o recibidos testimonios de primera fuente de víctimas de torturas y malos tratos ejercidos por funcionarios de Carabineros de Chile en contra de jóvenes estudiantes secundarios movilizados por una mejor educación.

 En efecto, en esta semana -con sólo dos días de diferencia- hemos sido testigos y hemos recibido denuncias de dos casos de esta especie. El primero en el Liceo Experimental Manuel de Salas, en donde dos estudiantes mujeres, menores de edad (14 y 16 años), que se manifestaban pacíficamente el jueves 2 de junio fueron baleadas con perdigones disparados por Carabineros. La segunda, hoy 4 de junio: diez estudiantes secundarias detenidas en un desalojo en Concepción; dos de ellas quedan detenidas y ambas son desnudadas. A una de ellas la golpean y quitan un piercing con corta-uñas y luego con alicate.

 Desde el 2011 que estamos recibiendo relatos que se refieren a desnudamientos forzados en recintos de detención, golpes de puños en la cara y cuerpo, trato verbal vejatorio y discriminatorio, además de uso de armas de fuego como escopetas de perdigones contra manifestantes pacíficos menores de edad. Todo lo anterior, bajo la anuencia de la autoridad política, el desprecio de la institución de Carabineros y la indiferencia de los medios de comunicación.

Ante los hechos recientemente conocidos, esperamos que estos casos se sustraigan de la competencia de los Tribunales Militares.  Asimismo, esperamos que el Ministerio Público investigue cada una de estas denuncias, recabando todos los antecedentes necesarios para determinar con exactitud a los responsables y los Tribunales sancionen con todo el rigor de la ley. Aunque lamentablemente en Chile, el delito de tortura no se encuentre tipificado conforme a los estándares internacionales.

 Nosotros no nos quedaremos en silencio ante la brutalidad que se repite una y otra vez, a pesar de las promesas de que NUNCA MÁS íbamos a tener el horror golpeando a nuestra gente, violentando a nuestros niños y niñas.

Como Sitio de Conciencia, y a más de 42 años del golpe cívico-militar, seguiremos trabajando para denunciar los crímenes de ayer como los que se cometen hoy; seguiremos trabajando por la plena vigencia de los Derechos Humanos.

 

Comisión de Observadores de Derechos Humanos

Casa Memoria José Domingo Cañas

FUNDACIÓN 1367

Para descargar, pinche aquí:

Declaración pública 05 junio 2016

DENUNCIA DIRIGIDA A RELATOR ESPECIAL ONU SOBRE DEFENSORES DDHH

Ante los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo del 2016, la Comisión de Observadores de la Casa Memoria José Domingo Cañas, ha sido objeto de una serie de acusaciones falsas y represalias.

A este respecto queremos hacer presente que según la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las Instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos”, también conocida cómo la “Declaración de la Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos”, los Defensores y defensoras de Derechos Humanos “los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos y los individuos.

En su informe anual sobre represalias contra personas que cooperan con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Secretario General se ha referido a las represalias para señalar aquellas medidas que tanto los Estados como actores no estatales ejercen contra particulares y grupos de personas por cooperar con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes utiliza el término “sanciones” mientras que algunos Órganos de Tratado, como el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, han utilizado el término “reprimendas”.

En todo caso, cualquiera sea el término, la acción que define se refiere a violaciones cometidas contra personas u organizaciones a causa de su actividad en defensa de los derechos humanos, que van desde campañas de difamación hasta amenazas, prohibiciones de viajar, acoso, multas, disolución de organizaciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias, enjuiciamientos, largas penas de prisión, tortura, malos tratos e incluso la muerte.

En el seno de las Naciones Unidas se ha reconocido la legitimidad y el papel decisivo que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos y la necesidad de realizar esfuerzos especiales para protegerlos. La comunidad internacional reafirma que los Estados deben garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección libres de ataques, actos de violencia o intimidación.

Comisión de Observadores de Derechos Humanos Casa Memoria José Domingo Cañas

Para ver la denuncia enviada a el Relator Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos, pinche aquí:

Denuncia represalias 26-5-2016

DENUNCIAS Y REPRESALIAS A COMISIÓN DE OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS

DENUNCIAS Y REPRESALIAS A COMISIÓN DE OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS CASA MEMORIA JOSÉ DOMINGO CAÑAS

La Comisión de Observadores de la Casa Memoria José Domingo Cañas, amparada bajo la Fundación 1367, quisiera ocupar su tribuna para aclarar y denunciar los siguientes hechos que han venido sucediendo en los últimos días:

 1. Esta Comisión se constituye en el año 2011, durante las movilizaciones estudiantes, en virtud de la excesiva fuerza policial observada. Sin embargo, cuando comenzamos a monitorear al Estado de Chile en aquel contexto nos encontramos, derechamente con tortura. En efecto, así lo hemos venido denunciando hasta el día de hoy, y en esto no estamos solos pues distintas organizaciones públicas y privadas reconocen que en Chile se sigue torturando[1] [2]. De hecho, hemos monitoreado eventos recientes de esta violación a los Derechos Humanos[3].

 2. La Comisión que suscribe se encuentra compuesta por un grupo de profesionales de distintas áreas, serios, metódicos y responsables. En efecto, desde el comienzo de esta agrupación, nos hemos mantenido en el tiempo de manera ininterrumpida. Tenemos reuniones periódicas donde analizamos lo que observamos, diagnosticamos, investigamos y concluimos. De aquellas jornadas de trabajo resultan los informes que hemos realizado.

 3. La materialización de nuestro trabajo, es decir, nuestros informes son publicados en nuestro sitio web[4]. Ellos han sido exhibidos en organizaciones públicas y privadas, incluso hemos asistido a la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados a presentar nuestras aprehensiones sobre el actuar de Carabineros,  también han sido enviados a organismos internacionales. Precisamente del envío de estos informes, han surgidos una serie de reuniones con relatores internacionales, SubComités de Trabajo y con otras organizaciones dedicadas a la materia. Como consecuencia de las denuncias de nuestros informes, en conjunto con las denuncias de otras organizaciones de la sociedad civil encargadas de monitorear los DDHH y de las recomendaciones de otros Estados, Chile ha recibido una serie de exigencias que debe cumplir para elevar el estándar de DDHH. En efecto, nuestra Comisión hoy se encuentra trabajando en una mesa con SEGPRES, junto a otras organizaciones, para efectos de crear indicadores que nos permitan cumplir las exigencias que el Estado de Chile ha recibido.

 4. Desde el 21 de mayo pasado, hemos recibido una serie de acusaciones infundadas. Desde ya, quisiéramos aclarar los siguientes puntos: no somos un grupo de extrema izquierda; no estamos financiados por el comunismo internacional ni recibimos aportes públicos o privados, nos autofinanciamos; no avalamos la violencia ni de encapuchados ni –por supuesto- de Carabineros contra manifestantes; no nos cabe ninguna responsabilidad ni ningún grado de participación en los eventos delictuales del 21 de mayo pasado ni en ninguna manifestación a la que hemos asistido a observar; no somos un órgano del Estado, somos una Organización de la Sociedad Civil; no protegemos a encapuchados ni servimos como una red de protección de estos grupos. En distintas oportunidades hemos aclarado estos puntos a través de nuestra cuenta oficial de Twitter (@obsDDHHcl), sin embargo en reiteradas oportunidades nos han querido atribuir responsabilidad penal, principalmente nos molesta la conducta reiterada de los periodistas Gabriel Huber (Red TVN de Valparaíso), Verónica Torres (Canal Quinta Visión) y Salvador Schwartzmann (ignoramos lugar de trabajo), quienes han compartido información errónea y alejada de la realidad, cayendo en conductas tendenciosas y alejándose de la ética periodística. Las denuncias y los hechos puntuales por los que acusamos a estos profesionales están debidamente detalladas en la declaración que hemos enviado a sus jefes de prensa y/o correo de contacto, como también se han publicado en nuestro sitio web.

 4. También quisiéramos, denunciar públicamente al Honorable Diputado de la República por sindicarnos de manera expresa como cómplices de los encapuchados. Hecho del todo falso[5].

 Además, el Honorable Diputado (y el periodista Huber y Torres antes mencionados) ha manifestado que este grupo informaría a los delincuentes sobre el accionar del Carabineros en virtud de que damos cuenta de las patentes de vehículos policiales, el lugar en que se encuentran FFEE y, puntualmente, publicamos información sobre una orden que habría entregado el Ministro Burgos a Carabineros de realizar controles a todos los buses que abandonaran la ciudad de Valparaíso, luego de registrarse los lamentables hechos del 21 de mayo pasado.

 En esto nos detendremos un momento. Nuestro equipo decidió informar sobre aquel evento, toda vez que consideramos que aquella instrucción resulta ilegal y arbitraria. En efecto, el art. 85 del Código Procesal Penal autoriza a la policía a efectuar controles de identidad, pero esta facultad no es una atribución que ellos puedan utilizar de manera discrecional pues el mismo artículo establece los requisitos necesarios para que Carabineros despliegue dicha facultad dentro del marco jurídico. Uno de esos requisitos es que se trate de un caso fundado, es decir, que existan indicios que la persona sujeta al control hubiere cometido o intentado cometer un delito. Por lo tanto, se aprecia una total arbitrariedad en la medida extrema de seguridad que habría ordenado el Ministro Burgos, toda vez que no resulta lógico que se haya contado con indicios que todos los pasajeros de los buses hubieren cometido o intentado cometer un delito o pudieran suministrar información para el esclarecimiento de los hechos; dicho de otra forma, si lo que se buscaba con la medida era controlar la identidad de todos los pasajeros de buses interurbanos que abandonaban Valparaíso por los delitos de incendios producidos el 21 de mayo, resulta absolutamente ilegal, arbitraria y desproporcionada la diligencia pues la libertad de todos esos pasajeros no se puede restringir por el actuar delictivo de unos pocos, más aún si no se contaban con indicios precisos de que efectivamente uno de esos pasajeros en uno de esos buses le cabía algún grado de responsabilidad en los hechos delictuales mencionados. Por lo demás, si efectivamente se llevó a cabo dicha diligencia, resulta contraria a la garantía del Art. 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho a una investigación racional y justa[6] [7].

 En el mismo sentido, nos preguntamos ¿Por qué molesta que informemos éstas actuaciones de Carabineros? ¿No es acaso la transparencia un buen elemento para nuestra democracia? ¿Cuál es el inconveniente que informemos sobre las patentes de Carabineros y los lugares en que se encuentran? ¿No son los delincuentes los que deben actuar de manera subrepticia y no Carabineros?

 Aprovechamos la instancia para dejar en claro que NUNCA hemos pretendido frustrar labores preventivas, sino ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE informar sobre el actuar de Carabineros que, en el caso del registro de patentes de vehículos policiales y lugares en que se encuentran, ayuda para elaborar estadísticas que indican la proporcionalidad Carabineros vs. Manifestantes; en el caso de ciertas actuaciones de Carabineros, como la supuesta orden del Ministro Burgos, se informó porque –como se dijo- visibilizamos las ilegalidades cometidas.

 Además, llama la atención porqué Carabineros no realiza controles de identidad a los encapuchados, pudiendo ejercer dicha facultad sin siquiera existir el indicio mencionado con anterioridad (si el encapuchado se encuentra en situación de flagrancia, además, debe procederse de inmediato a su detención); o por qué Carabineros realiza controles de identidad de manera aleatoria e indiscriminada como en reiteradas veces los hemos denunciado en nuestro informes.

 Damos a conocer a la opinión pública que -desde ya- denunciaremos a nivel internacional las graves acusaciones de que hemos sido objeto por dañar nuestra dignidad e imagen pública, tanto de periodistas alejados de la ética profesional como del Honorable Diputado Fuenzalida. Éste último constituye una severa amenaza al ejercicio de nuestra función toda vez que él representa a uno de los Poderes del Estado y –como se ha señalado- nosotros monitoreamos al Estado.

Comisión de Observadores de DDHH

Casa Memoria José Domingo Cañas

FUNDACIÓN 1367

Para descargar denuncia contra el periodista Gabriel Huber, pinche aquí:
Para descargar denuncia contra el periodista Salvador Schwartzmann, pinche aquí:
Para descargar denuncia contra la periodista Verónica Torres, pinche aquí:
Para descargar denuncia contra el Diputado Gonzalo Fuenzalida, pinche aquí:


[1] Revisar Informe Anual: Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013 (INDH)

[2] Revisar Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, 2015 (UDP)

[6] A mayor abundamiento leer sentencia Corte Suprema, causa rol 10772 – 2015.

[7] Al respecto, la Defensoría Penal Pública ha llamado la atención por los controles de identidad realizados por las policías cuando faltan indicios para su procedencia. Revisar: http://goo.gl/xUq789 | http://goo.gl/blvwCr |

DECLARACIÓN PÚBLICA 21 DE MAYO 2016

En relación a la trágica muerte de don EDUARDO LARA TAPIA, funcionario municipal, ocurrida hoy 21 de mayo de 2016 en la ciudad de Valparaíso, la Comisión de Observadores de la Casa Memoria José Domingo Cañas declara lo siguiente:

  1. El ejercicio de los DDHH es eminentemente pacífico. Toda conducta violenta obsta el legítimo ejercicio de los DDHH.
  2. La protesta social es un derecho que se encuentra reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Este derecho está compuesto por otras prerrogativas a saber, esto es el derecho de asociación o reunión y la libertad de expresión.
  3. Repudiamos los hechos que presuntamente son constitutivos de delitos y que se producen durante la protesta social. Hacemos un llamado a no criminalizar las manifestaciones ni pretender limitarlas por hechos delictuales que ocurran durante su desarrollo.
  4. Durante la jornada de hoy, observadores de DDHH de esta Comisión, monitorearon el actuar policial durante el desarrollo de la movilización social. Con el objeto de aportar algunos elementos de realidad presentes al momento en que se sucedieron los lamentables y condenables hechos que terminaron con la vida de don EDUARDO LARA TAPIA, señalamos los siguientes:

a)       Observamos vehículos policiales lanza agua y lanza gases en el lugar del siniestro. La gran cantidad de funcionarios de FFEE que estuvo en el lugar no se coordinó ni colaboró con Bomberos.

b)      Cuando comenzaron los ataques a la propiedad pública y privada, previo al incendio, Carabineros de FFEE que se encontraba en el lugar no actuó a pesar de que el número de personas que se encontraban en situación de flagrancia no era más de 30 (treinta). Por tanto, de manera responsable indicamos que las FFEE de Carabineros de Chile no cumplió con su obligación legal de restablecer el orden público y garantizar la seguridad de las personas. En consecuencia, hemos sido testigos presenciales de una conducta negligente.

c)       Bomberos solicitó ayuda a funcionarios de FFEE para acercarse al lugar, pero éstos no se la brindaron. Cuando Bomberos pudo comenzar su trabajo, vehículos policiales pasaban por encima de las mangueras y no les otorgaron protección a su integridad física.

  1. Ninguno de los integrantes del grupo de esta Comisión que ejerció funciones observó algún elemento incendiario, lo que no significa que no haya existido.
  2. Nos preocupa el hecho de que una persona ya jubilada, continúe trabajando. Así como también las condiciones en las que trabajaba, toda vez que –al parecer- se encontraba encerrado sin ninguna posibilidad de escapar del lugar.
  3. Existe información que el señor LARA TAPIA se habría comunicado con personal municipal para que le permitieran salir del lugar, por lo que se debe investigar la responsabilidad que le cabe por la negligencia de aquellos funcionarios públicos que se abstuvieron de prestar auxilio a la víctima.
  4. En el lugar, además de este grupo, se encontraban presentes Observadores del INDH, de Valparaíso, Santiago y algunos abogados.

Finalmente aclaramos que, gran parte de la información que entregamos en esta declaración se hizo pública –a través de nuestras redes sociales- en el mismo momento en el que los hechos se sucedían, de modo que nada de lo que aquí se expresa ha sido adecuado o acomodado con posterioridad.

Extendemos nuestro más profundo pésame a la familia de don EDUARDO LARA TAPIA y exigimos se persiga todo tipo de responsabilidades en este lamentable y doloroso hecho y se imponga todo el rigor de nuestro estado de derecho a quienes tengan cualquier grado de participación en los mismos.

Hacemos un llamado a terminar con todo tipo de violencia, especialmente la ejercida por las FFEE de Carabineros de Chile.

 

Comisión de Observadores de Derechos Humanos

Casa Memoria José Domingo Cañas

FUNDACIÓN 1367

 Declaración pública 21 mayo 2016