Basta de tortura en Chile

 

Bienvenido al Sitio Oficial de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas

La Casa Memoria José Domingo Cañas se emplaza en un sitio en donde existió una de las tantas casas que se ocuparon cómo cuarteles de tortura y exterminio durante la dictadura militar Chilena de 1973 a 1990. Actualmente, la Fundación 1367 a cargo de este Sitio de Conciencia, centra su misión en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, por lo que ha formado una Comisión de Observadores que tiene como labor el monitoreo y control social sobre el actuar de la fuerza policial, en el sentido de visibilizar el ejercicio de las garantías de no repetición de parte del Estado Chileno y el deber que tienen los Estados de implementar medidas que posibiliten la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.

Declaración Pública ante Robo a La Casa Memoria

El Directorio de la Fundación 1367 y el Consejo Consultivo de la Casa Memoria José Domingo Cañas, informamos y declaramos ante la opinión pública lo siguiente:
Durante este fin de semana el Sitio Histórico de Memoria de José Domingo Cañas 1367 fue robado por desconocidos que forzaron la ventana de nuestra biblioteca, revolviendo libros y documentos. Sustrajeron nuestra caja chica y una laptop perteneciente a nuestro Equipo de Educación. Encontramos en el salón del Sitio de Memoria el proyector y la cámara fotográfica (ambos en el suelo y con sus fundas abiertas), que no fueron robados y documentación esparcida por el suelo. Así como también se encontraron en el sitio envoltorios de dulces que consumieron durante el atraco y los guantes que utilizaron para no dejar huellas en el lugar.
Casa Memoria es un Sitio de Conciencia erigido sobre los restos de un Ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio de la DINA, por tanto es parte del patrimonio histórico que debemos preservar para evitar que se vuelva a cometer la barbarie. Los sitios memoria, visibilizan y recuperan memorias e historias vinculadas a la violencia estatal en el periodo de la dictadura, y promueven la reflexión acerca de lo que ocurre en el presente, estableciendo un vínculo con las experiencias del pasado.
El directorio de fundación 1367 y todos los y las voluntarias de Casa Memoria hace lo que puede para poder mantener la Memoria, difundirla y vincularla con la realidad actual, pero los recursos con los que cuenta ( nos autofinanciamos) son insuficientes, al punto de que no se puede resguardar correctamente la seguridad e integridad del Sitio.
Aunque agentes de la PDI dicen que los culpables pueden ser consumidores de droga, nosotros creemos que este no es un robo convencional. Partiendo por el hecho de que no sustrajeron todos los objetos de valor y fácil venta que hay en el lugar, porque tuvieron sumo cuidado en no dejar pistas sobre quiénes entraron y porque mucho más que daño material, lo que hicieron fue desordenar, violentar el espacio. Hace menos de un mes el Centro de detención, tortura y exterminio Ex Clínica Santa Lucía fue asaltado en condiciones similares y a ellos también les quitaron computadores y documentación importante.
Nos parece, mucho más que un robo común, una forma de amenazarnos, una advertencia sobre el estado de vulnerabilidad en el que nos encontramos por la falta del Estado de Chile de Políticas de Memoria, verdad y justicia para quienes violaron y aún violan los derechos humanos.
Nuestro sitio trabaja también con el presente de los DDHH a través de la educación en ellos y a través de la vigilancia del terrorismo de Estado con la comisión de Observadores de DDHH.
A 40 años del Golpe cívico-militar aún no contamos con Políticas Públicas de Memoria que aseguren que la historia reciente de nuestro país pueda ser conocida hoy por todo ciudadano y las generaciones futuras. Aún no hay verdad y justicia plena que aseguren la no repetición de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el Terrorismo de Estado.
Nuestro Sitio de Memoria, al igual que la mayoría de los sitios no cuenta con financiamiento que permita llevar a cabo sus proyectos, de manera sistemática y permanente. Esto representa un incumplimiento del deber del Estado de velar y garantizar el ejercicio del derecho a la memoria, que en la práctica, limita o restringe el derecho social de conocer el pasado. El financiamiento y la provisión de los medios necesarios para la preservación patrimonial, y para el desarrollo del trabajo que realizan los sitios, es una condición ineludible de este deber.
Exhortamos al Estado a cuidar su patrimonio político y de memoria histórica, a defender a los ciudadanos que pelean por sus derechos y contra la tiranía. No nos dejaremos amedrentar por el matonaje y seguiremos con nuestro compromiso en la lucha por la preservación de la memoria, la justicia y la verdad, y por el derecho de todos y todas a vivir en paz.

Directorio Fundación 1367 – Casa Memoria José Domingo Cañas
Consejo Consultivo Casa Memoria José Domingo Cañas
Comisión Educación Casa Memoria José Domingo Cañas
Comisión Observadores de DDHH Casa Memoria José Domingo Cañas

Santiago, 13 de Enero 2014

La Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia ante el cierre de Tutela Legal en El Salvador

Jueves 3 de octubre 2013
Comunicado de Prensa

Coalicion Internacional Sitios de Conciencias

La Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia
ante el cierre de Tutela Legal en El Salvador

La Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, integrada por 32 instituciones comprometidas con programas de Derechos Humanos y Memoria Histórica en la región, ante el cierre en El Salvador de Tutela Legal del Arzobispado, manifiesta:

I. Nuestro apoyo incondicional a esta histórica institución defensora de los Derechos Humanos, inspirada en el ideario de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y desarrollada por la recordada María Julia Hernández, en su compromiso por Verdad, Justicia y Reparación.

II. Nuestra solidaridad con los trabajadores defensores de los Derechos Humanos, custodios de este valioso Archivo, cesados intempestivamente por decisión del Arzobispado.

III. Hacemos un llamado a las autoridades eclesiales a garantizar el resguardo y el acceso universal al archivo de Tutela Legal, que consigna 50.000 casos de violaciones a los Derechos Humanos durante y después del conflicto armado salvadoreño.

En consecuencia, con el espíritu de solidaridad y trabajo conjunto manifestado en el reciente “VII Encuentro de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia”, en Montevideo, donde participamos representaciones de El Salvador, Guatemala, México, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; estaremos atentos al desarrollo de este, y otros casos donde se encuentren amenazados los acervos documentales sobre Derechos Humanos.

América Latina, 3 de Octubre 2013

Declaración Pública: Sitios de Memoria rechazamos las declaraciones del comandante en Jefe del Ejército y exigimos sus disculpas públicas

54 detenidos desaparecidos casa memoria

Declaración Pública

Sitios de Memoria rechazamos las declaraciones del comandante en Jefe del Ejército y exigimos sus disculpas públicas

Ante las graves declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, sobre la situación de los militares que se encuentran detenidos por violaciones a los Derechos Humanos, donde establece, entre otras cosas: “…lo que nos apena es la situación por la cual atraviesan algunas personas que, habiendo pertenecido al Ejército y que hoy tienen avanzada edad o situaciones médicas medias complejas, uno podría darles una mirada en términos humanitarios…”. Asegurando también que al Ejército le “entristece” ver que “todavía esas personas permanecen ancladas a una situación de hace 40 años”. Como Sitios de Memoria, los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio José Domingo Cañas, Estadio Nacional, Nido 20, Londres 38, Paine y Villa Grimaldi establecemos:

1.-Nos parece profundamente alarmante y peligroso escuchar este tipo de declaraciones de parte del Comandante en Jefe del Ejército, representante máximo ante el Estado de la institución castrense, quien en su rol, no sólo debe resguardar y avalar la institucionalidad en todas sus formas y en cada período de la historia de nuestro país, sino además propiciar una mirada corporativa, orientada a fomentar el respeto a los Derechos Humanos y el rechazo a los crímenes de lesa humanidad. Creemos que en su rango no debiese fomentar una victimización de los perpetradores y una culpabilización, que resulta pavorosa, a las víctimas y sus familiares.

2.- Según las cifras de los informes de las comisiones Rettig y Valech son más de 40.000 las víctimas de la dictadura de Pinochet; de ellas, 38.000 fueron torturadas y 3.065 de ellas están muertas o desaparecidas. La dictadura estableció una política de terrorismo de estado e involucró en su totalidad a las ramas del Ejército, del cual no ha existido un recambio generacional necesario ni un mea culpa acorde al daño realizado a la sociedad civil. Si bien es cierto hay medio millar de militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos, por figuras jurídicas como secuestro, desaparición forzada o ejecuciones, tenemos la certeza de que son muchos más los que no han vivido juicio alguno por delitos como tortura o violencia sexual a hombres, mujeres y menores de edad.

3.- Los militares a los cuales se refiere el señor Fuente-Alba con preocupación (muchos de los cuales siguen aumentando sus condenas luego de las investigaciones acuciosas realizada por la justicia y de los que hay una completa comprobación de la participación en los crímenes), se encuentran cumpliendo sus penas en condiciones de lujo, con beneficios carcelarios permanentes como vacaciones, salidas dominicales y visitas sin horarios restringidos. Punta Peuco y el Penal Cordillera son espacios donde se encuentran recluidos ex agentes de la DINA y la CNI de medio y bajo rango, pero también de la alta jerarquía en la ejecución de dichos crímenes, como es el caso de Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff o el mismo Manuel Contreras. Ellos tienen en su condición de presos, más gendarmes que el porcentaje de detenidos, grandes espacios para la estadía y la recreación, que en el caso del Penal Cordillera se materializa en casas con dormitorios baños, cocinas y sala de estar, jardines, salas de juego, canchas de tenis y quinchos.

4.- Nos preguntamos, finalmente, como administradores de lugares que fueron destinados al horror y a las peores injusticias ejercidas por soldados chilenos a sus mismos compatriotas, si no resulta forzado, descontextualizado y cruel, que el Comandante en jefe del Ejército apele a razones humanitarias para quienes cometieron crímenes tipificados en el ordenamiento jurídico internacional como de lesa humanidad y que dicho sea de paso, son imprescriptibles según la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

Finalmente exigimos a estos militares condenados que se entregue por fin el destino de los detenidos desaparecidos, en un crimen que por sus brutales características se sigue perpetuando.

Adhieren

Casa Memoria José Domingo Cañas
Comisión Chilena de Derechos Humanos, Ex Clínica Santa Lucía
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Estadio Nacional Memoria Nacional
Londres 38 Espacio de Memorias
Corporación Paine un Lugar para la Memoria

Presentación ante Comisión Investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados

Fila carabineros

Santiago 17 de julio, 2013
Señores (as)
Diputados de la República de Chile
Comisión Investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública
de la Cámara de Diputados

Nos presentamos a esta Comisión como miembros de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas.

Como Comisión de Observadores de Derechos Humanos, hemos monitoreado alrededor de 80 manifestaciones públicas desde el 23 de agosto del 2011 y analizado más de 290 eventos de protesta social para elaborar el informe de Derechos Humanos 2012 titulado: La Realidad de la Protesta Social en Chile, Rol del Estado, Actuar Policial y Vulneración de Derechos y cuyo resumen fue enviado como informe para el Examen Periódico Universal, a que será sometido el Estado de Chile, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en enero del 2014. De acuerdo a lo monitoreado queremos resaltar lo siguiente:

1. El periodo que comprende este informe, está caracterizado por una creciente masividad de manifestaciones sociales, las que demandan del Estado de Chile el cumplimiento de derechos básicos como educación, salud, cuidado del medio ambiente, mejoras salariales entre otros requerimientos, donde se releva la importancia del derecho a la protesta social.

2. La Constitución Política de Chile consagra el derecho a reunión en el artículo 19, Nro. 13; no obstante, se rige por una norma de inferior jerarquía, esto es, el Decreto Supremo 1086, válido en Chile desde el 15 de septiembre de 1983 firmada por la Junta Militar, el cual, supedita el goce y ejercicio de tal derecho a una decisión administrativa y/o policial.

3. En este contexto se comprueba que en los últimos 5 años, la policía ha efectuado más de 80.000 detenciones por desórdenes públicos. Esta cifra equivale a un promedio de más de 16.600 detenciones anuales por esta causa, superando en más de 10% el total de detenciones por robos. Se ha constatado el abuso de la facultad que tienen las policías para efectuar controles de identidad y la facultad de “conducir” a las personas a una comisaría para el mismo efecto, utilizando dichas facultades legales para detener de forma indiscriminada a personas antes, durante y con posterioridad de las manifestaciones sociales.

4. Por ejemplo, en el año 2011, producto de las movilizaciones sociales a nivel nacional, se detuvieron a 15.807 personas. Sólo en la Región Metropolitana, se detuvieron a 7924 personas, de éstas, sólo 114 personas tuvieron una causa judicial, sólo 28 con algún grado de condena y sólo 3 con prisión preventiva.

5. Ha habido un significativo aumento de denuncias por violencia innecesaria efectuada por efectivos policiales actualmente en trámite en el segundo juzgado militar de Santiago: en el periodo 2011, 1.777 casos, contra 2.657 casos en el periodo 2012, representando un aumento de 49.5% de denuncias en este juzgado militar.

6. Se ha solicitado en reiteradas ocasiones y en distintas instancias los Procedimientos y Protocolos de Control del Orden Público actualizados, siendo estas solicitudes denegadas tanto por el Ministerio del Interior cómo por la policía, por considerar estos documentos “secretos” ya que su contenido se relaciona directamente con la “seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas”.

7. Tomando en cuenta la reglamentación internacional, las recomendaciones dadas por la Cruz Roja Internacional y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha podido constatar en términos generales: la falta de necesidad, de gradualidad y proporcionalidad en el control de las manifestaciones sociales, utilizando los medios disuasivos de forma arbitraria e indiscriminadamente.

8. Uso de violencia innecesaria al momento de efectuar detenciones, provocando diversas lesiones constatadas por médicos del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile A.G.

9. La ausencia de lectura de derechos a detenidos. Gran parte de los testimonios de detenidos coinciden en que a ninguno se les dijo sus derechos ni el motivo de su detención hasta el momento de ser liberados 8 a 12 horas después.

10. Detenciones de personas menores de 14 años por participación en protestas, son trasladados a Comisarias acusados de la comisión de faltas, a pesar de que son legalmente inimputables.

11. Personas, en su mayoría menores, son detenidas al realizar el Control de Identidad, son trasladadas a la unidad policial, donde deben cumplir con el proceso de ingreso y egreso de la Comisaría. Esto constituye un hecho irregular a la normativa legal vigente. Muchas veces cuando están en la comisaría se les imputa algún cargo y quedan en calidad de detenidos.

12. Se ha constatado que muchos de los detenidos llegan visiblemente golpeados a las comisarías siendo en los momentos de detención y luego dentro de los buses de traslado en donde se generan mayores grados de violencia y vulneración de derechos.

13. Respecto a los adolescentes que quedan en calidad de detenidos, y que son traslados a los controles de detención ante los Tribunales de Garantía, se ha detectado que una vez que son dejados a la custodia de Gendarmería de Chile, los funcionarios de tal estamento los vuelven a golpear con puños, patadas y bastones de servicio

14. Se ha detectado que las personas que han sido detenidas, en especial, menores de 18 años han sido objeto de injerencias y conculcación en sus derechos, tales como desnudamientos en Comisarías con el propósito de una revisión personal del detenido y agresiones sexuales. Se ha constatado la práctica de desnudez forzada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que la autoridad policial justifica en la necesidad de revisar a los detenidos al momento de entrar a la unidad policial. Los procedimientos de revisión que implican desnudamiento constituyen una afectación significativa a la integridad personal de las personas detenidas y pueden verse agravadas si es que se hacen en conjunto con más detenidos(as), pudiendo ser considerados tratos crueles o degradantes.

Por otra parte, se recogieron testimonios sobre ejercicios físicos que se les haría en el contexto de la revisión, y que en ellos se coacciona a las detenidas a realizar una serie de flexiones que no debieran ser aplicados a los detenidos ni menos a jóvenes conducidos para control de identidad.

15. Maltrato por parte de carabineros a familiares (madres) de menores detenidos afuera de comisarías. Carabineros no entrega información de los detenidos a sus familiares. Se oculta o tergiversa la información de los detenidos, generando que las familias tengan que deambular de una comisaría a otra sin saber dónde está su hijo(a).

16. Se obliga a menores detenidos a firmar documentos antes de ser liberados, sin su consentimiento y bajo amenaza de represalias a ellos o a la familia.

17. Denegación o dificultad en el acceso a las comisarías de abogados(as) que no forman parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

18. Ocultación de pruebas: Las prácticas ilegales de detención –como el que los agentes no se identifiquen o no anoten el nombre de los detenidos en un registro, el negarles el acceso a abogados, familiares o médico– facilitan la impunidad al ocultar la pista que conduce desde el delito hasta el perpetrador. Los torturadores eligen métodos que dejan pocas señales físicas, como las torturas psicológicas, tiempos prolongados de encierro en vehículos de traslado, negación de ir al baño. Se modifican los registros de hora de detención, y entran al box médico que realiza constatación de lesiones señalando al profesional médico lo que tiene que escribir en los informes.

19. A las víctimas se les niega el acceso a los recursos legales: Las víctimas, ya de por sí aterrorizadas, son intimidadas para que guarden silencio sobre lo ocurrido o sus familiares son amenazados para que no interpongan recursos en el caso de los menores de edad.

20. Los agentes actúan como cómplices: El “código del silencio” vigente en nuestras fuerzas armadas y de orden disuaden a los agentes a prestar testimonios esenciales contra sus colegas acusados de tortura. Los agentes de las Fuerzas Especiales de Carabineros actúan como cuerpos de ocupación en las comisarías locales, desplazando el mando y dejando el rastro de tortura y malos tratos a los funcionarios locales que conviven a diario con la comunidad.

21. El marco legal para sancionar la tortura es inadecuado: Al no estar tipificada la tortura en el código penal, las pruebas para culpar a los perpetradores siempre serán insuficientes. El proyecto de ley para adecuar a estándares internacionales los artículos 150 y 150-A del Código Penal está sin movimiento legislativo desde enero del 2010.

22. Bajo el amparo de la “Seguridad nacional” se niega información, como por ejemplo: cantidad de bombas lacrimógenas utilizadas, cantidad de presupuesto destinado a las fuerzas especiales, o sus protocolos de acción frente a protestas sociales, o el armamento a utilizar para los procedimientos de disolución de éstas.

Por lo anteriormente expuesto exigimos:
1. Investigar, sancionar y reparar los atropellos sufridos por adolescentes, menores de edad y jóvenes en el marco de las movilizaciones sociales durante los últimos 23 años. Con especial resguardo de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.

2. La tipificación en la normativa penal interna del delito de Tortura como crimen de lesa humanidad.

3. El funcionamiento de una Comisión Nacional Investigadora sobre Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, llamada también mecanismo de prevención. Dicha Comisión debe constituirse en las Comisarías y centros de detención en el más breve plazo posible.

4. Derogar el inciso segundo del artículo 19 n° 13 de la CPR, debido a que éste entrega la regulación de las manifestaciones públicas a las disposiciones generales de policía.

5. Dejar sin efecto el D.S. 1086 que regula las manifestaciones públicas.

6. El retiro total del “Proyecto de ley de resguardo al orden público”, por contravenir, el Derecho Internacional en materia de protesta social, así como también derechos constitucionales como el derecho a reunión y a la libertad de expresión.

7. Adoptar medidas suficientes para resguardar a los manifestantes, sin afectar indebida o innecesariamente a los que no son parte de la manifestación.

8. La prohibición del uso de armamento en el control de las protestas sociales (gas lacrimógeno, agua con químicos, balines, perdigones, armas de fuego).

9. La destitución de los Funcionarios estatales implicados en violaciones a los Derechos Humanos pasados y presentes, dando cuenta pública de ello.

10. Eliminar la formación de agentes del Estado bajo los parámetros de la Doctrina de Seguridad Nacional.

11. Garantizar, resguardar y mantener los Sitios de Memoria con presupuestos suficientes y permanentes.

Finalmente manifestamos que:

La impunidad de los crímenes de la dictadura da la orientación hacia el accionar policial hoy. Se observa un aumento significativo de casos de violencia policial y un número alarmante de detenciones arbitrarias en manifestaciones públicas, por lo que se deben anular los enclaves de la dictadura que permiten el ejercicio arbitrario del poder en la regulación de las manifestaciones públicas, adecuar los procedimientos policiales a estándares internacionales, se debe tipificar el delito de tortura en la normativa penal interna, dar garantías y resguardos de todos los derechos civiles y políticos, como también tomar medidas que aseguren el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia del Estado, tanto de ayer como de hoy.

Cuando se reprime el derecho a la manifestación también se está reprimiendo el derecho de Asociación, Reunión, Participación y la Libertad de Expresión, entre otros. Derechos, que por cierto están contenidos en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales que obligan a Chile a cumplir con la demanda de promoción, defensa y aplicación de todos los Derechos Humanos en el país.

Lo anteriormente expuesto, cuando es una conducta sistemática y progresiva, solamente se explica como una política de Estado. El que se ha hecho el sordo y ciego frente a las múltiples evidencias y que tiene como intención el amedrentamiento de toda la población a través de diversos mecanismos represivos, cuyo mensaje es imponer el miedo, la parálisis y la ruptura del lazo social.

Se utiliza la represión como instrumento de disciplinamiento social y político de manera constante, no de manera aislada o excepcional (se han reprimido todas las manifestaciones estudiantiles, entre otras). Se perfecciona el accionar represivo. Ya no basta con gasear, golpear y detener indiscriminadamente. Ahora además se mutila y marca a los manifestantes con balines de pintura, con el chorro del carro lanza agua y se los amedrenta con personal que los amenaza o agrede físicamente. Todo esto constatado por diversas denuncias y testimonios.

Esto es lo que genera y sostiene el actuar de la fuerza policial con total impunidad. Por esto es que no les importa si hay testigos ni registros de su mal proceder, porque se saben amparados por una política represiva que viene del Estado y esta política de Estado se llama “Guerra Psicológica”. Además emplea los medios de comunicación que tergiversan, parcializan y distorsionan al movimiento social, buscando no solamente que la gente se vuelva en contra de los manifestantes, sino que además justifique el accionar represivo.

Comisión Observadores de Derechos Humanos
Casa Memoria José Domingo Cañas 1367

Declaración Pública ante el desalojo de la Universidad Católica Raúl Silva Henriquez

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La Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas declaramos lo siguiente:

El 7 de Julio los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Católica Silva Henríquez, autorizada por el Rector Jorge Baeza Correa, fueron desalojados por Fuerzas Especiales de Carabineros donde no medió ningún diálogo por parte de fuerzas policiales, los arrojaron al suelo, impartieron órdenes contradictorias y confusas con actitudes amenazantes, con luces en los rostros y cámaras de las fuerzas policiales encima. Posteriormente fueron trasladados a la cuarta Comisaría donde se practicó tortura, agresión sexual, trato cruel y degradante a dos alumnas de la UCSH, quienes fueron desnudadas en un recinto absolutamente indigno como un baño estrecho y sucio.

La postura asumida por las autoridades de la UCSH, tanto por el rector, como en el jefe de carrera de la carrera de Pedagogía en Educación Artística – Mención Artes Visuales, vulnera de forma evidente el derecho de organización de los estudiantes, establecidos en la LEGE art. 10/a y la O.N.U. , a través de: negación de reconocimiento del centro de alumnos; no respeto de acuerdos previos; presiones indebidas como seguimientos y evaluaciones con objetivos de amedrentamiento; amenaza de sumarios y de expulsión de la casa de estudio.

Don Jorge Baeza Correa, rector de la UCSH, debe pronunciarse y repudiar los eventos del 07 de Julio, siendo él, el único responsable de la autorización del desalojo con sus consecuencias al ser atropellados los derechos de un trato digno, humano y justo por parte de Carabineros de Chile a estudiantes organizados en pos de reivindicaciones de sus derechos colectivos.

Estos sucesos contradicen abiertamente los postulados de la Iglesia Católica en materia de Derechos Humanos, así como la memoria del defensor irrestricto de los derechos humanos Cardenal Raúl Silva Henríquez, nombre de la universidad que el Sr. Baeza representa.

Finalmente, las políticas implementadas por el rector, la negación de la gravedad de los hechos ocurridos el 7 de julio y su inmovilismo le hacen responsable de la vulneración de derechos a los estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez.

COMISIÓN DE OBSERVADORES, CASA MEMORIA JOSÉ DOMINGO CAÑAS
CONSEJO CONSULTIVO, CASA MEMORIA JOSÉ DOMINGO CAÑAS
Santiago, 10 de julio de 2013